Un fallo que favorecía a Tabacalera Sarandí fue revocado por la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este jueves una medida cautelar que beneficiaba a la empresa Tabacalera Sarandí para no pagar una serie de impuestos internos que habia fijado por ley el Congreso de la Nación.

El máximo tribunal sostuvo que la compañía no demostró un perjuicio concreto. Y además reafirmó que una norma del Poder Legislativo no puede suspenderse con una medida cautelar de la justicia.

El caso lo habia iniciado en los tribunales Tabacalera Sarandí, la empresa que produce cigarrillos de bajo costo (entre otras marcas comercializaba Red Point) contra una reforma a la ley 24.674 de impuestos internos que se había impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Esa modificación establecía un aumento del 70 por ciento en los tributos vinculados a ese sector. La compañía alegó que la medida significaba un incremento en el precio al público de sus productos que la ponían en desventaja frente a empresas internacionales de marcas reconocidas. Sarandí comercializa productos menos conocidos pero con precios más económicos.

El crecimiento exponencial de Tabacalera Sarandí se da en el marco de una menor paga de impuestos gracias a una cautelar presentada en la Justicia.

Tabacalera Sarandí, que tiene un joint venture con la bitánica Imperial Brands, produce y comercializa en la Argentina las marcas de cigarrillos Red Point, West y Nevada, entre otras, dentro de lo que el mercado llama segmento de precios ultra bajos. Red Point es su marca fuerte, con la que ganó una participación en el mercado que ya la posiciona con el 20% del share, superando a British American Tobacco (BAT) y solo debajo de Philip Morris – Massalin Particulares.

El crecimiento exponencial de Tabacalera Sarandí (de 2001 a 2016 la empresa tenía una participación minoritaria en el mercado) se da en el marco de una menor paga de impuestos gracias a una cautelar presentada en la Justicia y que tuvo idas y vueltas pero que ahora definió la Corte Suprema de Justicia.

Tanto BAT como Philip Morris venden los atados de cigarrillos de sus primeras marcas (de 20 unidades) a cerca de 200 pesos, mientras que la línea premium de Sarandí se vende a la mitad. Sarandí puede vender sus cigarrillos más baratos porque gracias a la cautelar no paga el llamado impuesto interno mínimo a los cigarrillos, algo que cambiará a partir del fallo de la Corte.

El impuesto interno a los cigarrillos es, de los cinco impuestos que pesan sobre el producto, el que más impacta, con una alícuota del 70%. Sin embargo, ese impuesto no puede ser menor a un monto fijo que se actualiza cuatro veces por año por inflación, y hoy se ubica en 86,50 pesos por atado de 20 cigarrillos.

El impuesto interno a los cigarrillos es, de los cinco impuestos que pesan sobre el producto, el que más impacta, con una alícuota del 70%

Al fijo se lo llama impuesto mínimo, pero algunas empresas, como Massalin y BAT lo pagan, y otras, como Sarandí, Espert y Tabes (estas dos últimas con participación minoritaria del mercado), no: pagan sobre su precio de venta, sin la obligación de pagar el monto mínimo. Por eso, pueden vender más barato. Una situación que no iguala a las industrias y hace que el Estado Nacional pierda recursos fiscales.

Tras el pedido de la empresa, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al reclamo y dictó una medida cautelar en la que ordenó que no se le cobre la reforma impositiva.

El tribunal entendió que la empresa se ponía en una situación de cesación de pagos y perdidas de trabajo. En su momento la AFIP apeló esa decisión bajo el argumento de que con la cautelar se ponía en riesgo la recaudación de impuestos. También sostuvo que la empresa no logró justificar el daño a sus finanzas.

El caso llegó a la Corte Suprema y en diciembre de 2019 Laura Monti, la procuradora fiscal ante el máximo tribunal, dictaminó a favor del planteo de la AFIP para que la medida cautelar sea revocada. Dijo que Tabacalera Sarandí “no ha logrado acreditar, siquiera en principio, el peligro irreparable en la demora que el pago del impuesto interno de acuerdo a la normativa impugnada le produciría, pues ni siquiera ha alegado -y mucho menos demostrado- que se torne imposible o improbable la continuación de sus actividades en el futuro, en la forma como lo ha hecho hasta ahora, hasta obtener una sentencia final favorable a su derecho”.

Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Laura Monti

En el fallo, la Corte sostuvo los argumentos de la fiscal Monti. Lo hizo con los votos de los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, se excusó de intervenir por “razones de decoro y delicadeza”. Rosenkrantz fue recusado por la tabacalera porque antes de asumir en el tribunal tuvo trabajos como jurista vinculados a Philip Morris y British American Tobacco, competidoras de Sarandí y que podían beneficiarse con alguna medida adoptada por la Corte.

Los jueces argumentaron que la justicia no puede “avanzar sin más sobre las leyes, presumiendo las motivaciones de quienes ejercen su labor en el Congreso”.

Y explicaron que solo pueden «invalidar decisiones del Poder Legislativo ante el excepcional ejercicio del control de constitucionalidad».